Desde 1.985, la Ley de Patrimonio Histórico Español, 16/1985, hizo necesaria la presencia del Arqueólogo en todas aquellas intervenciones que supusieran el movimiento del subsuelo o la afección de yacimientos arqueológicos y restos históricos. A esta ley se vienen a sumar las recientes Leyes Autonómicas de Patrimonio Cultural que, exigen un control más estricto en la tarea de preservar la herencia de nuestro pasado (tanto remoto como inmediato), en un intento por concienciar a la sociedad del alto valor que registra nuestra historia, de la cual no somos sino discípulos en todos los aspectos de nuestra vida.
Todo ello justifica la existencia de un grupo de profesionales de la Arqueología puestos al servicio de empresas, administraciones, profesionales y particulares que desarrollan actividades consideradas susceptibles de menoscabar la conservación del Patrimonio Histórico y Cultural.